Reforma universitaria, populismo y autoritarismo ©
Por Gustavo Alcántara Moreno
La reforma universitaria es una necesidad perentoria. Pero debe quedar claro que se trata de una reforma orientada a mejorar el modelo universitario que se posee. No tiene que ver con retroceder en los aspectos positivos que se han alcanzado a través de largas luchas, tanto en el plano académico como en la calle.
El modelo neoliberal de la educación, que surgió como una extensión de la ideología neoliberal a todos los ámbitos de la vida humana, se planteó ante la crisis del Estado de Bienestar. Sin embargo, la educación es en sí misma un recurso y un derecho humano muy valioso para todas las personas, y que en general es escaso. Por lo tanto, no se puede dejar la educación a las leyes del mercado, es necesario que exista la intervención del Estado porque la educación es prioritaria dentro de la política nacional de un país en vías de desarrollo como lo es Venezuela.
En tal sentido, la educación debe ser vista e interpretada como un bien público. Pero esto no da pie para asumir posturas de corte populista, planteando la masificación de la educación superior, pues el proceso educativo es per se un proceso de selección. Por lo tanto, en el sistema de educación superior concurren quienes pueden pagar en forma privada y también todo aquel que reúna las condiciones para hacerlo, para lo cual existen las universidades públicas, apoyadas y promocionadas como una política de Estado.
El populismo aviva las falsas ilusiones de las masas ofreciendo una educación superior multitudinaria por el hecho de que en Venezuela, como todo país subdesarrollado y con pasado colonial, la educación es percibida como medio de movilidad social vertical ascendente, un artificio para escalar en el sistema de estratificación social de clases. Debería entonces también promocionarse el trabajo y las oportunidades de empleo como medio para mejorar la calidad de vida, a través de la productividad y de la reactivación de las carreras técnicas. Pero lamentablemente en la psiquis del venezolano está muy arraigado la pretensión de “hacerse llamar doctor” para tener estatus social. Esta percepción cultural tiene como efecto contraproducente el hecho de que muchos títulos universitarios se queden solamente “colgados en la pared”.
Así pues, resulta a todas luces retrograda cualquier propuesta que pretenda cercenar la autonomía universitaria. La condición de autonomía de nuestras universidades obedece a una realidad y un proceso histórico de democratización que se ha extendido desde la esfera política hacia la esfera universitaria y académica. El peligro de que cualquier gobierno controle a las universidades viene dado por el hecho de que se crearía el clima propicio para fomentar el autoritarismo, puesto que son las universidades quienes con su libertad de pensamiento fungen como las instituciones naturales para controlar, denunciar y criticar a las élites políticas. Más bien lo que debería existir es una participación activa y conjunta del gobierno y las universidades para aportar soluciones ante problemas y situaciones con pertinencia social y colectiva.
Por otra parte, una falsa visión del control del gobierno hacia las universidades es aquella que equipara al gobierno con el Estado. Tanto el gobierno como las universidades están en la obligación de trabajar y colaborar conjuntamente en la realización de los fines del Estado. Pero no debemos olvidar que la razón de ser del Estado es la protección y organización política de la sociedad, así como la protección y el resguardo de sus ciudadanos. Así pues, el Estado es un garante de las universidades, en cuanto las mismas son instituciones sociales. Por lo tanto, es falso el argumento que esgrime que el gobierno debe manejar a su antojo a las universidades.
La autonomía universitaria y la libertad académica son condiciones sine qua non para que las universidades puedan asumir (y desempeñar) las funciones que le encomienda la sociedad. Es necesario ofrecer a la universidad como institución de saber y a su personal docente éstas condiciones de trabajo, consideradas como necesarias para cumplir de manera óptima sus respectivas obligaciones.
La reforma universitaria es una necesidad perentoria. Pero debe quedar claro que se trata de una reforma orientada a mejorar el modelo universitario que se posee. No tiene que ver con retroceder en los aspectos positivos que se han alcanzado a través de largas luchas, tanto en el plano académico como en la calle.
El modelo neoliberal de la educación, que surgió como una extensión de la ideología neoliberal a todos los ámbitos de la vida humana, se planteó ante la crisis del Estado de Bienestar. Sin embargo, la educación es en sí misma un recurso y un derecho humano muy valioso para todas las personas, y que en general es escaso. Por lo tanto, no se puede dejar la educación a las leyes del mercado, es necesario que exista la intervención del Estado porque la educación es prioritaria dentro de la política nacional de un país en vías de desarrollo como lo es Venezuela.
En tal sentido, la educación debe ser vista e interpretada como un bien público. Pero esto no da pie para asumir posturas de corte populista, planteando la masificación de la educación superior, pues el proceso educativo es per se un proceso de selección. Por lo tanto, en el sistema de educación superior concurren quienes pueden pagar en forma privada y también todo aquel que reúna las condiciones para hacerlo, para lo cual existen las universidades públicas, apoyadas y promocionadas como una política de Estado.
El populismo aviva las falsas ilusiones de las masas ofreciendo una educación superior multitudinaria por el hecho de que en Venezuela, como todo país subdesarrollado y con pasado colonial, la educación es percibida como medio de movilidad social vertical ascendente, un artificio para escalar en el sistema de estratificación social de clases. Debería entonces también promocionarse el trabajo y las oportunidades de empleo como medio para mejorar la calidad de vida, a través de la productividad y de la reactivación de las carreras técnicas. Pero lamentablemente en la psiquis del venezolano está muy arraigado la pretensión de “hacerse llamar doctor” para tener estatus social. Esta percepción cultural tiene como efecto contraproducente el hecho de que muchos títulos universitarios se queden solamente “colgados en la pared”.
Así pues, resulta a todas luces retrograda cualquier propuesta que pretenda cercenar la autonomía universitaria. La condición de autonomía de nuestras universidades obedece a una realidad y un proceso histórico de democratización que se ha extendido desde la esfera política hacia la esfera universitaria y académica. El peligro de que cualquier gobierno controle a las universidades viene dado por el hecho de que se crearía el clima propicio para fomentar el autoritarismo, puesto que son las universidades quienes con su libertad de pensamiento fungen como las instituciones naturales para controlar, denunciar y criticar a las élites políticas. Más bien lo que debería existir es una participación activa y conjunta del gobierno y las universidades para aportar soluciones ante problemas y situaciones con pertinencia social y colectiva.
Por otra parte, una falsa visión del control del gobierno hacia las universidades es aquella que equipara al gobierno con el Estado. Tanto el gobierno como las universidades están en la obligación de trabajar y colaborar conjuntamente en la realización de los fines del Estado. Pero no debemos olvidar que la razón de ser del Estado es la protección y organización política de la sociedad, así como la protección y el resguardo de sus ciudadanos. Así pues, el Estado es un garante de las universidades, en cuanto las mismas son instituciones sociales. Por lo tanto, es falso el argumento que esgrime que el gobierno debe manejar a su antojo a las universidades.
La autonomía universitaria y la libertad académica son condiciones sine qua non para que las universidades puedan asumir (y desempeñar) las funciones que le encomienda la sociedad. Es necesario ofrecer a la universidad como institución de saber y a su personal docente éstas condiciones de trabajo, consideradas como necesarias para cumplir de manera óptima sus respectivas obligaciones.
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